La comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta otra ola de angustia luego de que la Corte Suprema permitiera avanzar con el plan de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2023.
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en manos de la administración Trump —bajo cuyo mandato se originó la intención de revocar el TPS— la vía libre para anular esta protección que beneficia a unos 350,000 venezolanos. Aunque el fallo es breve y ambiguo, ya ha sembrado temor e incertidumbre entre miles de migrantes que confiaban en esta herramienta legal para construir una vida estable en el país.
Wendy Ramírez, una venezolana amparada por el TPS, expresó su frustración en medio de la confusión jurídica: “Otra vez estamos en la misma situación, sin saber qué va a pasar. Pensábamos que teníamos un proyecto de vida”. Su testimonio representa a una comunidad que ya ha sufrido desplazamientos, crisis políticas y económicas, y que ahora se enfrenta a una nueva amenaza: la posibilidad de perder el derecho a trabajar y residir legalmente en EE.UU.
Abogados de derechos civiles han advertido que la falta de claridad en el texto emitido por la Corte crea un limbo legal. Ahilan Arulanantham, abogado de la ACLU en California, explicó que aunque la decisión indica que estas personas ya no cuentan con TPS, no está claro si la revocación es inmediata. “Es posible que, desde hoy, estas personas ya no tengan permiso legal de residencia ni autorización de trabajo”, dijo.
Para muchos latinos en EE.UU., en especial los venezolanos que llegaron huyendo de un régimen autoritario y una crisis humanitaria, esta situación revive miedos conocidos: la vulnerabilidad frente a cambios políticos y judiciales. En medio de un año electoral, el destino de miles de familias ahora depende de decisiones administrativas futuras y de una comunidad que continúa organizándose y alzando la voz para defender sus derechos.
