Por Redacción ByV
Un ciudadano venezolano presentó una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos tras denunciar que fue deportado de manera irregular y sometido a abusos durante su reclusión en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. El caso reabre el debate sobre las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump y el trato a migrantes bajo custodia.
El demandante, de 28 años, asegura que permaneció varios meses detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde —según su testimonio— enfrentó condiciones extremas, violencia física y aislamiento prolongado. La querella sostiene que fue expulsado del país sin el debido proceso, pese a tener un caso migratorio en curso.
La denuncia se vincula con operativos de deportación realizados en 2025, en los que autoridades estadounidenses enviaron a cientos de venezolanos a El Salvador bajo sospechas de vínculos criminales. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores han señalado que varios de los deportados no contaban con antecedentes graves, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de agencias como Immigration and Customs Enforcement.
Organismos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch, han documentado denuncias similares dentro del CECOT, incluyendo posibles violaciones a estándares internacionales. Estas organizaciones advierten que las condiciones descritas podrían constituir detención arbitraria e incluso tortura.
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido las decisiones tomadas en estos casos, argumentando razones de seguridad pública. No obstante, el proceso judicial podría marcar un precedente clave sobre los límites legales de las deportaciones masivas y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los migrantes.
