Tribunal ordena a EE.UU. pedir regreso de joven venezolano deportado por error a cárcel de El Salvador

El caso reaviva preocupaciones entre la comunidad migrante sobre el uso político de leyes antiguas para justificar expulsiones sin el debido proceso.

Una corte federal de apelaciones decidió este lunes que la administración del presidente Donald Trump debe solicitar el regreso de un joven venezolano deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de contar con protecciones legales vigentes en Estados Unidos. El joven, de apenas 20 años, llegó al país siendo menor no acompañado y tenía un caso de asilo pendiente cuando fue expulsado en marzo.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito con dos votos a favor y uno en contra, respaldó la decisión de un juez en Maryland que había calificado la deportación como una violación al debido proceso. Los magistrados rechazaron el argumento del gobierno, que justificaba la expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1897 originalmente diseñada para tiempos de guerra.

“El Ejecutivo plantea una postura insostenible”, escribieron los jueces DeAndrea Benjamin y Roger Gregory, señalando que incluso bajo el pretexto de la seguridad nacional, el gobierno no puede ignorar los derechos constitucionales. “Es deber de los tribunales erigirse como un baluarte contra las corrientes políticas que buscan anular las protecciones fundamentales”, añadió Gregory.

Este caso se suma a un operativo polémico llevado a cabo el 15 de marzo, cuando las autoridades deportaron a más de 260 personas —en su mayoría venezolanos— a El Salvador, acusándolos de estar vinculados al grupo criminal Tren de Aragua. Uno de los afectados, Kilmar Ábrego García, residente en Maryland y casado con una ciudadana estadounidense, fue expulsado a pesar de tener una orden judicial que impedía su salida del país.

La comunidad latina en EE.UU., especialmente los migrantes venezolanos, ha recibido con preocupación estos hechos. Organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso de leyes arcaicas con fines políticos podría poner en riesgo a más personas en situación vulnerable. Mientras tanto, la Corte Suprema mantiene suspendido el uso de esta legislación hasta que otro tribunal evalúe a fondo su constitucionalidad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *