Los Ángeles, 22 de julio – El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó este lunes la retirada de 700 infantes de marina desplegados en Los Ángeles, más de un mes después de su envío para proteger instalaciones federales durante las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida ocurre mientras la situación en la ciudad comienza a normalizarse tras semanas de tensión.
El despliegue, realizado por orden de la administración Trump a inicios de junio, generó una fuerte controversia al ser ejecutado sin el consentimiento de las autoridades locales. Además de los marines, cerca de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron federalizados y enviados a la ciudad para controlar los disturbios. Las tropas se limitaron a custodiar edificios federales, como la sede y el centro de detención de ICE en el centro de Los Ángeles.
La alcaldesa Karen Bass celebró la decisión como una victoria tanto para la ciudad como para las fuerzas armadas. «Nos enfrentamos en los tribunales y ganamos. Esta presencia fue un asalto innecesario e inconstitucional. Los Ángeles está con nuestras tropas, y nos alegra que regresen a casa», declaró.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, llevó el caso a los tribunales argumentando que el uso de la Guardia Nacional violaba la Ley Posse Comitatus, que impide a las fuerzas militares actuar como autoridades policiales en suelo estadounidense. Aunque un juez federal falló inicialmente a su favor, un tribunal de apelaciones anuló la decisión y mantuvo el control federal sobre las tropas. La disputa legal continúa, con una nueva audiencia prevista para el próximo mes.
La misión de la Guardia Nacional tenía un plazo inicial de 60 días, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, conservaba la facultad de modificar la duración según el desarrollo de los acontecimientos. La retirada de los marines marca un giro importante en la respuesta federal, en un contexto donde las tensiones entre el gobierno estatal y federal continúan en torno al uso de la fuerza militar para controlar manifestaciones civiles.
