WASHINGTON, D.C. — Un juez federal en Massachusetts ha ordenado al Gobierno del presidente Donald Trump facilitar de inmediato el regreso de un inmigrante guatemalteco que fue expulsado a México, pese a contar con una orden judicial previa que bloqueaba su deportación por razones humanitarias. El migrante, identificado en documentos legales como O.C.G., había obtenido protección en febrero tras demostrar que su vida estaba en peligro fuera de Estados Unidos debido a su orientación sexual.
El juez Brian Murphy consideró que la expulsión de O.C.G. violó directamente la decisión judicial anterior y ordenó al Gobierno tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar su retorno, incluida la coordinación con sus abogados. Según la denuncia, O.C.G. había informado a las autoridades que había sido víctima de violación en México y que enfrentaba riesgo extremo si regresaba a Guatemala por ser homosexual.
Este caso forma parte de una demanda colectiva presentada por varios migrantes que fueron deportados sin poder apelar la decisión, a pesar de temer persecución, tortura o incluso la muerte en los países a los que fueron enviados. La situación ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan una serie de expulsiones recientes que desobedecen resoluciones judiciales en favor de personas vulnerables.
Para muchos latinos en EE.UU., especialmente aquellos con raíces centroamericanas, este tipo de casos reavivan el temor por las consecuencias de políticas migratorias agresivas implementadas en los últimos años. La decisión judicial representa un rayo de esperanza para comunidades que luchan por un trato más humano y justo en el sistema migratorio.
Esta no es la primera vez que el juez Murphy bloquea deportaciones ordenadas por la administración Trump. En abril, también detuvo la expulsión de ocho migrantes hacia Sudán del Sur, aunque el Gobierno permitió que el avión despegara con los afectados. Casos como estos refuerzan el llamado de organizaciones proinmigrantes a una revisión profunda de las políticas de deportación y a una mayor rendición de cuentas cuando se violan derechos protegidos por la ley.
