Por Alexander Bonilla
Washington / Los Ángeles.
Un nuevo análisis de universidades públicas de California advierte un giro profundo en la política migratoria federal: desde el inicio del actual gobierno de Donald Trump, las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han traducido, en la mayoría de los casos, en procesos formales de deportación.
El estudio, elaborado por especialistas de UCLA y UC Berkeley a partir de datos obtenidos mediante litigios, documenta un crecimiento acelerado tanto en arrestos como en expulsiones. De acuerdo con el informe, el número de deportaciones posteriores a una detención aumentó más de cuatro veces en comparación con el promedio de 2024, una tendencia asociada directamente al incremento de la capacidad de encarcelamiento migratorio y a la reducción de liberaciones.
Los investigadores señalan que el gobierno federal amplió de forma significativa el uso de centros de detención: el promedio diario de camas pasó de unas 13,000 a más de 43,000 en menos de un año. Este cambio estructural permitió que un mayor número de personas permanezca bajo custodia mientras se define su situación legal, acelerando los procedimientos de expulsión.
Menos prioridad a antecedentes penales
Uno de los hallazgos más relevantes es el cambio en el perfil de las personas detenidas. El reporte identifica un aumento marcado de arrestos en espacios públicos —calles, vecindarios y alrededores de edificios—, una práctica que antes era poco frecuente.
Como consecuencia, las aprehensiones de inmigrantes sin condenas penales crecieron más de siete veces, lo que sugiere que ICE ha reducido su enfoque en personas con historial criminal y ha ampliado sus operativos hacia la población migrante en general.
Además, se documenta un incremento en las transferencias de personas desde cárceles locales o estatales hacia custodia migratoria, reforzando la coordinación entre autoridades policiales y federales.
Más detención, menos liberaciones
El informe también revela que, una vez arrestadas, pocas personas recuperan la libertad mientras esperan su proceso. La probabilidad de ser deportado dentro de los dos meses posteriores a la detención subió del 55% al 69%, mientras que las llamadas “salidas voluntarias” —una alternativa menos común— se multiplicaron de forma inusual.
Aunque la Casa Blanca ha presumido la deportación de cientos de miles de personas durante el último año, los académicos subrayan que no existe un conteo oficial transparente y desglosado, por lo que optaron por analizar la relación directa entre arrestos y expulsiones.
Para los autores del estudio, el panorama es claro: el aumento de recursos aprobado por el Congreso y la expansión de la infraestructura de detención han convertido cada arresto de ICE en un paso casi automático hacia la deportación, marcando una nueva etapa en la aplicación de las leyes migratorias dentro de Estados Unidos.
