La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta para ciudadanos y empresas estadounidenses sobre posibles riesgos al invertir en Nicaragua, luego de que el gobierno nicaragüense aprobara una controvertida ley que declara como propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas sus fronteras terrestres.
Esta medida, conocida como la Ley de Territorio Fronterizo, fue aprobada rápidamente y sin consulta pública ni comisiones especializadas. La ley establece que esta zona será controlada exclusivamente por el Ejército de Nicaragua, bajo el argumento de proteger la soberanía, seguridad nacional e integridad territorial del país.
Sin embargo, esta disposición ha sido calificada por Estados Unidos como una “confiscación masiva”, pues impacta a decenas de comunidades y pone en riesgo la vida y medios de subsistencia de miles de personas que habitan estas regiones fronterizas.
Expertos y opositores advierten que la ley afectará a numerosas propiedades privadas y comunales, incluyendo negocios locales, cultivos agrícolas y actividades productivas como camaroneras y plantaciones de naranja. Además, el decreto carece de mecanismos claros para la compensación o consulta previa a los afectados, lo que ha generado rechazo de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos dentro y fuera de Nicaragua.
El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, que actualmente reside fuera del país, enfatizó que la medida no solo perjudica a comunidades rurales sino también a ciudades enteras que quedan dentro del territorio declarado propiedad del Estado.
Ante estas circunstancias, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recomendó a inversionistas estadounidenses actuar con precaución y reevaluar proyectos de inversión en Nicaragua para evitar posibles pérdidas o conflictos legales derivados de esta ley.
La decisión se suma a una creciente tensión en la región respecto a la estabilidad política y económica en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que continúan consolidando el control territorial y limitando libertades civiles.
