La comunidad latina observa con atención cómo se criminaliza a quienes denuncian presuntos abusos en centros de detención migratoria.
Una controversia de alto perfil sacude el escenario político estadounidense luego de que el Departamento de Justicia presentara cargos formales contra la congresista demócrata LaMonica McIver, acusándola de interferir con agentes federales durante una visita a un centro de detención migratorio en Newark, Nueva Jersey. El hecho ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando McIver y otros dos legisladores intentaban constatar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos por ICE.
La acusación formal, presentada por la fiscal federal Alina Habba —conocida por su cercanía con el expresidente Trump—, sostiene que McIver habría agredido y obstruido la labor de los oficiales federales. “Nadie está por encima de la ley”, declaró Habba, insistiendo en que el caso se manejará con “imparcialidad”, aunque su historial partidista ha generado dudas en ciertos sectores.
El incidente escaló cuando el alcalde de Newark, Ras Baraka, también fue arrestado brevemente por intentar unirse al grupo de congresistas en su visita al centro. Si bien luego se retiraron los cargos en su contra, Baraka calificó su detención como un acto de represalia. “Parece que fui un objetivo político. Me arrestaron incluso después de que accedí a salir del lugar”, denunció el alcalde ante medios nacionales.
El caso ha generado una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que señalan una creciente hostilidad del gobierno de Trump contra cualquier supervisión o fiscalización de sus políticas migratorias. “Es alarmante que en vez de investigar posibles abusos en los centros de detención, se criminalice a quienes buscan transparencia”, declaró un portavoz de la organización America’s Voice.
Desde múltiples comunidades latinas, especialmente en el noreste del país, se ha expresado solidaridad con McIver. Para muchas familias migrantes, la visita de legisladores a estos centros representa una esperanza de que se respeten los derechos humanos. Ahora, el foco está puesto en el desarrollo del proceso judicial, en un contexto de tensión creciente entre la Casa Blanca y los representantes que exigen una política migratoria más humana.
