Por Alexander Bonilla
En San Francisco, las autoridades reportan una disminución sostenida de ciertos delitos, un cambio que atribuyen en parte a la incorporación de drones y otras herramientas tecnológicas en las labores de patrullaje. Sin embargo, el avance ha generado preocupación entre defensores de la privacidad que cuestionan el alcance de la vigilancia en espacios públicos.
El San Francisco Police Department ha intensificado el uso de dispositivos aéreos no tripulados desde 2024, tras la aprobación de la llamada Measure E, que autorizó nuevas estrategias de monitoreo. Desde entonces, los drones se han convertido en una pieza clave para responder a emergencias y seguir sospechosos en tiempo real.
De acuerdo con voceros policiales, los equipos son operados desde distintos puntos de la ciudad y permiten ubicar vehículos o personas en cuestión de minutos. En algunos casos, las imágenes captadas han servido para coordinar arrestos inmediatos, con agentes en tierra guiados por información transmitida desde el aire.
Las autoridades sostienen que este sistema ha fortalecido la capacidad de respuesta, especialmente frente a delitos como robos o hurtos, que durante años encabezaron las preocupaciones de los residentes. Además, aseguran que la difusión de videos de operativos busca enviar un mensaje disuasivo a posibles infractores.
El impulso tecnológico también ha contado con respaldo privado. El empresario Chris Larsen, vinculado a la compañía Ripple, financió en gran parte la modernización del centro de monitoreo en tiempo real, desde donde se coordinan estas operaciones.
No obstante, organizaciones civiles advierten que el crecimiento de estas herramientas podría normalizar la vigilancia constante. Representantes de la defensoría pública local argumentan que el uso extendido de drones y lectores de placas —que ya suman cientos en la ciudad— plantea riesgos para derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de movimiento.
Grupos como la Electronic Frontier Foundation también han señalado señales de rechazo ciudadano, incluyendo actos de sabotaje contra cámaras de vigilancia, como evidencia de un creciente malestar.
Mientras tanto, comerciantes locales mantienen posturas divididas. Algunos ven la tecnología como una ayuda para disuadir el crimen, mientras otros consideran que no aborda las causas estructurales, como las leyes relacionadas con delitos menores.
Pese a las críticas, la policía insiste en que los resultados son tangibles: más de mil arrestos han contado con apoyo de drones desde su implementación. Para las autoridades, el desafío ahora será equilibrar la seguridad pública con las preocupaciones sobre vigilancia en una ciudad que sigue buscando soluciones a largo plazo.
