Por Alexander Bonilla Paz
La llegada de un portaaviones de última generación a aguas del Caribe ha elevado el tono de las tensiones entre Washington y Caracas, en un momento en que EE. UU. incrementa de forma acelerada sus operaciones contra el narcotráfico en la región.
El despliegue forma parte de “Operation Southern Spear”, una estrategia que ya ha reunido a unos 12.000 efectivos distribuidos en casi una docena de embarcaciones. La misión, según el Pentágono, busca frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, aunque no han presentado pruebas públicas que respalden que los fallecidos en ataques recientes —al menos 80 personas en 20 operativos marítimos desde septiembre— estuvieran vinculados a organizaciones criminales.
El grupo de ataque del portaaviones, compuesto por escuadrones de combate y destructores guiados por misiles, atravesó el Pasaje de Anegada, cerca de las Islas Vírgenes Británicas. Mandos militares aseguran que esta presencia fortalecerá la capacidad de vigilancia y respuesta contra supuestas redes de narcoterrorismo que operan en el hemisferio occidental.
Sin embargo, especialistas militares sostienen que un portaaviones es un recurso poco práctico para combatir cárteles, pero sí constituye un mensaje de fuerza dirigido especialmente al presidente venezolano Nicolás Maduro. Para analistas regionales, el movimiento busca aumentar la presión para aislar al líder sudamericano, a quien Washington no reconoce como mandatario legítimo.
Maduro, que enfrenta cargos por narcoterrorismo en EE. UU., respondió afirmando que su país se prepara para defenderse de cualquier agresión. Su gobierno ha movilizado tropas y cuerpos civiles bajo un discurso de “resistencia nacional” ante la posibilidad de una intervención estadounidense.
Mientras tanto, dentro y fuera del país surgen críticas contra la estrategia de la administración estadounidense. Mandatarios de la región, la ONU y miembros del Congreso —incluidos algunos republicanos— han exigido mayor claridad sobre los objetivos reales de los ataques y la legalidad de las operaciones. A pesar de estas presiones, el Senado bloqueó recientemente un intento de limitar la autoridad presidencial para escalar acciones militares sin aprobación legislativa.
Para observadores internacionales, la presencia del gigantesco buque de 100.000 toneladas marca un punto de inflexión. La maniobra, dicen, no solo aumenta la tensión diplomática, sino que podría definir el rumbo de la política estadounidense en América Latina en los próximos meses.
