Por Alexander Bonilla
Austin, Texas. — La batalla legal entre el estado de Texas y dos de las mayores farmacéuticas del mundo ha comenzado. El fiscal general Ken Paxton presentó una demanda contra Johnson & Johnson y su subsidiaria Kenvue, alegando que las compañías “ocultaron durante años información relevante” sobre posibles efectos del consumo de Tylenol durante el embarazo.
El medicamento, uno de los analgésicos más utilizados en Estados Unidos, es objeto de un nuevo capítulo en la guerra política y sanitaria que rodea a las farmacéuticas y su papel en la salud pública. Paxton asegura que las empresas “pusieron las ganancias por encima de la seguridad de las familias”, y busca que un jurado determine sanciones económicas y ordene retirar toda publicidad que promueva el uso del producto entre mujeres embarazadas.
Sin embargo, expertos médicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reiterado que no existe evidencia científica concluyente que relacione el paracetamol con el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). De hecho, numerosos estudios han confirmado la seguridad del fármaco cuando se usa conforme a las indicaciones médicas.
El caso, que coincide con un discurso político más amplio impulsado por figuras del ala conservadora como Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr., reaviva el debate sobre el papel del Estado frente a las grandes corporaciones farmacéuticas.
Por su parte, Johnson & Johnson y Kenvue no han emitido comentarios oficiales, aunque portavoces de la industria anticipan que defenderán su reputación en los tribunales, asegurando que el producto cumple con todos los estándares federales de seguridad.
El juicio, que podría tener repercusiones nacionales, pondrá a prueba los límites entre la ciencia, la política y la responsabilidad corporativa en uno de los mercados más rentables de la salud: el de los medicamentos de venta libre.
