La administración del presidente Donald Trump estaría considerando implementar medidas más estrictas para otorgar los beneficios por incapacidad del Seguro Social, una decisión que podría afectar a cientos de miles de personas en Estados Unidos, según reveló un reporte del Washington Post.
Actualmente, más de 15 millones de beneficiarios reciben pagos mensuales por discapacidad, ya sea a través del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) o del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que brinda cerca de 800 dólares mensuales a adultos mayores y personas con bajos recursos que padecen una discapacidad.
De acuerdo con el informe, la administración republicana evalúa eliminar la edad como uno de los factores determinantes al momento de aprobar los beneficios, o bien establecer un límite de 60 años. Hoy en día, la edad, la experiencia laboral y el nivel educativo influyen en la decisión, y las personas mayores de 50 años suelen tener más probabilidades de ser aceptadas.
Si se aprueba el cambio, miles de solicitantes podrían ver reducidas sus posibilidades de calificar. Un análisis citado por el Post estima que una reducción del 10% en la tasa de aprobación podría dejar fuera del programa a unas 750,000 personas en la próxima década. Además, unos 80,000 dependientes, entre viudos y menores de edad, perderían sus pagos si sus familiares dejan de recibir la ayuda.
Jack Smalligan, exfuncionario federal y analista del Urban Institute, advirtió que los criterios actuales ya son bastante restrictivos y que la propuesta excluiría a personas que realmente necesitan el apoyo. Según el experto, quienes no logren calificar podrían optar por una jubilación anticipada, lo que reduciría en un 30% el monto mensual de sus ingresos futuros.
El proceso para solicitar beneficios por discapacidad ya es largo y complejo. Primero se revisa si la condición médica del solicitante aparece en una lista oficial de enfermedades calificadas. Si no está incluida, se analiza su edad, historial laboral y nivel de educación.
Otro de los aspectos bajo revisión sería la base de datos laboral que utiliza la Administración del Seguro Social (SSA) para determinar qué otros empleos podría desempeñar un solicitante. Esta base, administrada por el Departamento del Trabajo, no ha sido actualizada en más de 30 años.
Aunque el gobierno planea modernizarla, defensores de los derechos de las personas con discapacidad temen que el nuevo sistema genere listados de ocupaciones demasiado amplios, lo que podría incrementar los rechazos y dejar sin sustento a miles de familias que dependen de estos beneficios.
