WASHINGTON — El cierre del Gobierno federal, previsto a partir de la medianoche, podría tener repercusiones directas en los ingresos familiares, la actividad económica y servicios básicos, dependiendo de su duración.
Los economistas coinciden en que un cierre breve, de menos de dos semanas, tendría efectos limitados. Sin embargo, uno prolongado podría derivar en retrasos en los pagos a trabajadores federales, suspensión de contratistas, obstáculos para acceder a hipotecas y afectaciones en programas sociales.
Durante un cierre, las funciones consideradas “no esenciales” se detienen, mientras que servicios como la seguridad nacional y el control del tráfico aéreo continúan operando. Los cheques de la Seguridad Social y los beneficios de Medicare no se verían interrumpidos.
El impacto se sentiría especialmente en los empleados federales no esenciales, que serían suspendidos sin salario hasta que se apruebe un nuevo presupuesto. A diferencia de ellos, los contratistas no suelen recibir compensación retroactiva, lo que genera presiones financieras en áreas como Washington D.C.
En el cierre de 2018-2019, el más largo en la historia del país, alrededor de 800,000 trabajadores fueron suspendidos o trabajaron sin recibir pago, lo que representó una pérdida de aproximadamente 70,000 millones de dólares, según estimaciones de economistas.
De acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso, unos 750,000 empleados federales podrían ser suspendidos por cada día que dure el cierre actual, un escenario que mantiene en alerta a economistas, familias y al propio sector financiero.
