Los Ángeles, 29 ago.— El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó este viernes el fallo de un juez federal que declaró ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600.000 venezolanos, allanando el camino para que el magistrado decida sobre la medida final.
El panel de tres jueces de apelación respaldó de manera unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, quien analiza una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del TPS ordenada en febrero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El fallo del Noveno Circuito reconoce que los venezolanos afectados enfrentan graves perjuicios, incluyendo la pérdida de empleo, separación familiar, detención y deportación, según informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
La demanda protege a dos grupos de beneficiarios: los que obtuvieron el TPS en 2021, unos 250.000 venezolanos, y los que se acogieron a la extensión de 2023, unos 350.000. En abril pasado, el juez Chen emitió una orden temporal que impedía al Gobierno federal revocar las protecciones de estos últimos mientras avanzaba el caso.
La administración de Donald Trump apeló la decisión, y la Corte Suprema le permitió finalizar el alivio a los beneficiarios de 2023 hasta que Chen emita un fallo definitivo. El reciente fallo del Noveno Circuito no protege automáticamente a los venezolanos, pero sí confirma la autoridad de Chen para decidir sobre la medida final.
“Afortunadamente, el fallo demuestra que la Administración Trump no está por encima de la ley”, declaró Freddy Arape, beneficiario del TPS y uno de los demandantes. Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), expresó que la decisión “allana el camino para una rápida resolución que pueda restaurar las protecciones necesarias”.
Los demandantes están representados por NDLON, las fundaciones de la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro para el Derecho y la Política de Inmigración (CILP) de UCLA y la Alianza Puente Haitiana.
