Por [Alexander Bonilla]
Washington, 8 de julio de 2025
La promesa de refugio termina en una notificación oficial. Con la firma de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobierno del presidente Donald Trump ha puesto punto final a un capítulo que durante más de dos décadas ofreció a decenas de miles de hondureños y nicaragüenses la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión marca el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para estas comunidades, a partir del 6 de septiembre.
Según datos oficiales publicados en el Registro Federal, la medida afectará directamente a 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, muchos de los cuales han vivido en suelo estadounidense desde 1999, cuando recibieron amparo tras el paso devastador del huracán Mitch, que dejó más de 10.000 muertos en Centroamérica.
📜 Una política que termina sin excepciones
«El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal», afirmó Noem en un comunicado. El argumento del Departamento de Seguridad Nacional se apoya en informes económicos que aseguran que tanto Honduras como Nicaragua han alcanzado una “recuperación significativa”, citando el auge turístico, la inversión inmobiliaria y el crecimiento de sectores como la energía renovable.
Sin embargo, organizaciones de defensa de migrantes, expertos legales y miembros del Congreso han cuestionado la profundidad de esa evaluación. “Esta no es una decisión técnica, es profundamente política”, advirtió Rosa Mendoza, directora del Centro de Apoyo a Migrantes de América Central (CAMAC).
👨👩👧 Décadas en EE.UU., ahora en el limbo
Para muchos de los afectados, Estados Unidos no es un país de tránsito. Es su hogar. Padres que han criado aquí a sus hijos, trabajadores con hipotecas, profesionales con carreras consolidadas. “Nos están despojando de la vida que construimos aquí con esfuerzo y legalidad”, dijo Julio Reyes, un hondureño que vive en Los Ángeles desde 2001, y cuya hija, nacida en EE.UU., se graduó recientemente de la universidad.
La cancelación del TPS representa no solo una amenaza de deportación, sino también una fractura emocional para familias mixtas y comunidades enteras. En muchos casos, los migrantes con TPS no tienen ya ningún lazo tangible con el país al que se les exige regresar.
🌎 Una política con consecuencias globales
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha reactivado su agenda de reducción masiva de protecciones migratorias, revocando también el TPS para 348.000 venezolanos, 521.000 haitianos, además de miles de afganos y cameruneses. En total, más de un millón de personas han perdido algún tipo de amparo legal bajo esta política.
La medida ocurre en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias estadounidenses y podría reconfigurar profundamente la realidad de muchas ciudades del país que, durante décadas, han dependido —económica y socialmente— de la contribución de estas comunidades.
📌 En cifras:
- 76,000 personas (hondureños y nicaragüenses) perderán su TPS el 6 de septiembre de 2025.
- Más de 1 millón de personas han perdido estatus temporal en lo que va del segundo mandato de Trump.
- El TPS para hondureños y nicaragüenses estaba vigente desde 1999.
🧠 Reflexión final:
Esta no es solo una nota sobre leyes y papeles. Es la historia de vidas suspendidas, de personas que llegaron huyendo de una tragedia y construyeron, pese a todo, una existencia digna. Hoy, ese refugio llega a su fin. Y con ello, una pregunta: ¿qué clase de país decide ignorar todo lo que sus propios valores prometen proteger?
