La tensión entre el gobierno federal y el estado de California se intensificó este lunes, luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, elevando a cerca de 5.000 el número total de tropas desplegadas en la ciudad. La medida, enmarcada en la respuesta a las protestas contra redadas migratorias, ha desatado una ola de críticas por parte de autoridades estatales y defensores de derechos civiles.
El gobernador Gavin Newsom denunció públicamente que no fue consultado por la Casa Blanca sobre esta nueva movilización militar, rompiendo con el protocolo constitucional que otorga a los estados el control de sus propias fuerzas de la Guardia Nacional. «Esto no es seguridad pública, es teatro político», expresó Newsom en redes sociales, cuestionando tanto la legalidad como la efectividad de la intervención.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el gobierno federal por considerar que el despliegue impuesto viola la Décima Enmienda de la Constitución. «La administración Trump está abusando del poder federal para fines políticos, y eso no lo vamos a permitir», señaló el fiscal en un comunicado oficial.
De los 5.000 efectivos anunciados, solo unos 300 se encuentran actualmente en operación, según el propio gobernador, quien además denunció condiciones precarias para los soldados. “Están hacinados en edificios federales, sin comida ni agua y sin instrucciones claras”, aseguró Newsom, calificando la situación como “una falta de respeto a nuestras tropas”.
A este contingente se sumará un batallón del Cuerpo de Marines —aproximadamente 700 infantes— cuya misión será resguardar edificios federales, incluyendo cortes de inmigración y centros de detención. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) suspendió sus servicios este lunes en Los Ángeles, durante el cuarto día de manifestaciones, que en esta jornada se desarrollaron de forma más calmada pero bajo fuerte vigilancia militar.
